Trabajadores despedidos de Musimundo apuntaron contra la mala administración de la gerencia
Autoridades les comunicaron informalmente que no se abonarán los salarios de agosto ya trabajado y que tampoco existiría intención de afrontar las indemnizaciones correspondientes, dejándolos en una situación de incertidumbre y desamparo.
Este miércoles, el grupo de trabajadores despedidos de Musimundo expresó, a través de un comunicado, la situación que vienen padeciendo desde hace varios años.
CARSA S.A, la firma chaqueña que controlaba el 50% de la marca de Musimundo, atraviesa una crítica situación operativa y judicial marcada por el cierre de sucursales en la región. Aunque la compañía no se encuentra quebrada, arrastra un pasivo millonario que profundiza una crisis laboral sostenida desde 2017.
"Lejos de atribuirse al contexto macroeconómico (la sociedad quiera culpar a Milei o Zdero), la debacle financiera responde de manera directa a la gestión de la cúpula gerencial, encabezada por el gerente general Ariel Viglione y el gerente de Finanzas, Andrés Fioravanti, cuyas decisiones financieras asfixiaron la caja de la compañía", indicaron los ex empleados.
A este panorama se suma una profunda fractura societaria entre las familias fundadoras. "La estructura accionaria está compuesta por José María Franchino (56%), Ginés Sáez a través de JAS Inversora (41,90%), y un minoritario 2,10% en manos de Hilda Beatriz y María Teresa Moreno Sáez", detallaron.
"La transición de mando entre los octogenarios líderes y los directores Santiago Franchino y Sonia Mariana Sáez (junto a su pareja Diego Blasco), derivó en una puja de poder que escaló en 2025 con la intervención judicial de la sociedad y la designación de un veedor. Si bien la justicia determinó la inexistencia de maniobras fraudulentas por parte de los Franchino, las tensiones continuaron hasta el desistimiento mutuo de las causas legales con intercambio de dinero de por medio. Mientras ambas familias se cruzan culpas por el rumbo de la empresa, el impacto recae sobre la operatividad de la firma y el futuro de las indemnizaciones de sus trabajadores y el pago de sus acreedores", explicaron.
La reducción masiva de personal comenzó en 2017, como antesala de un concurso preventivo que finalmente se frustró en septiembre del 2018. "Aunque el contexto recesivo nacional agudizó la fragilidad financiera, el desplome obedeció a una cadena de malas decisiones y tropiezos económicos internos. Aquel proceso judicial nunca llegó a completarse: la firma desactivó la crisis mediante acuerdos privados con sus acreedores respaldada por una estrategia oculta para garantizar la continuidad de sus operaciones", señalaron.
"En 2024, EM SRL (antes Electrónica Megatone) decidió abandonar la marca Musimundo (poseía el 50%) para reconvertir sus locales bajo la identidad On City. A diferencia de su socia comercial, se destacó por una estructura sólida, decisiones empresariales firmes y una conducción alejada de ambiciones desmedidas. Ese movimiento estratégico marcó una separación definitiva de CARSA S.A. Compartir la titularidad equitativa de la marca nunca significó cargar con los errores operativos y financieros de un socio ineficiente", expresaron.
Asimismo, los ex trabajadores determinaron que las disputas judiciales sembraron un profundo desgaste de hartazgo, enojo y disconformidad entre ambas familias. "En abril de este año surgió un supuesto intento de cesión comercial que quedó reducido a un simple discurso, inviable desde el inicio al carecer del aval legal necesario para liberar de responsabilidades a EM SRL. De esa imposibilidad jurídica surge la decisión de impulsar un nuevo concurso preventivo en julio de 2026. El objetivo estratégico siempre fue claro: cesar la actividad, separar a los socios y disolver la administración. Hoy, una de las familias societarias asume que aquella propuesta inicial no fue más que un ardid de la gerencia general para ganar tiempo y calmarlos".
La sombra del desempleo en CARSA S.A golpea sin tregua desde 2017, extendiéndose como una herida abierta en 2019, 2025, en abril y junio de este año, hasta el golpe final del pasado 29 de agosto, que dejó al borde del abismo al reducido grupo de trabajadores que aún permanece en la firma.
"Detrás de los expedientes y las cifras frías hay rostros, familias y años de vida entregados a una empresa que hoy les da la espalda. Con una soberbia inquebrantable, la gerencia general liderada por Ariel Viglione impuso una cruel sentencia moral: para ellos, quienes cruzan la puerta de salida y quedan fuera de la estructura, valen menos que los que continúan adentro. Esa misma deshumanización se repite hoy, mientras los accionistas optan por mirar hacia otro lado y evidencian que cumplir con las indemnizaciones jamás ha sido su prioridad", se lamentaron.
"Mientras los tiempos de la Justicia se estiran agonizantes, el síndico y los equipos legales repiten una promesa fría: pagar a medida que ingrese dinero. Pero las decisiones del gerente de finanzas se encargaron de asfixiar lo poco que quedaba en la caja, dejando el sustento de cientos de familias a la merced aleatoria de las cobranzas", mencionaron.
Por último, pidieron: "Ante la ley, el pago a los trabajadores debería ser sagrado. Sin embargo, la incertidumbre asfixia el día a día de cada exempleado que hoy transita una realidad desoladora. No están solos en la calle; son miles los que golpean puertas buscando una oportunidad en un mercado saturado. Por eso, el grito es desesperado: se apela al contador Benítez (síndico) y al juez Lavenas para que intervengan, analicen el dolor humano detrás de los papeles y agilicen los tiempos, evitando que el trabajador deba endeudarse aún más para pagar un abogado que defienda lo que, por derecho, les corresponde".
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